Hemos venido dando puntual seguimiento a un proceso que se gestó a principios de 2006, y que apenas ahora cierra capítulos en el Poder Legislativo. Me refiero al proyecto de acceso a la justicia para grupos afectados por abusos de proveedores públicos y privados, mediante la implantación de mecanismos jurídicos mejor conocidos como Class Actions o Acciones Colectivas.

México es uno de los pocos países en nuestro continente que carecen de esta herramienta jurídica que se utiliza para consolidar derechos humanos, defender el medio ambiente, el patrimonio cultural u otras múltiples esferas susceptibles al abuso sistemático y permanente.

En junio de 2010 se logró aprobar una enmienda constitucional, que abre la puerta para que grupos ciudadanos u Organismos de la Sociedad Civil recurran a jueces federales para resarcir daños masivos con instrumentos legales a gran escala.

El diablo está en los detalles, y el jueves pasado se aprobó una ley reglamentaria que señala los caminos que deben seguir las colectividades afectadas.

La reforma pactada en el Senado, que ya aprobó el pleno y debe ser turnada a la Cámara de Diputados, exhibe distintas carencias. Limita el ámbito de competencia a consumo, servicios financieros, medio ambiente y competencia económica. Se cuida también de sustraer, a los distintos niveles de gobierno, de posibles procesos en su contra.(mas info)